El conversatorio Regulación y Sostenibilidad en el Perú: Desafíos para Fortalecer la Institucionalidad, organizado por la Red Latinoamericana de Servicios Públicos y Regulación convocó a los presidentes ejecutivos de Osiptel, Sunass y Ositran y experto de la OCDE para un análisis sin complacencias sobre el futuro del sistema de regulación económico del país.
El conversatorio abrió con las palabras de bienvenida de Flavio Ausejo, quien ofreció un diagnóstico contundente sobre la brecha entre el marco legal y la realidad operativa de los reguladores peruanos. Si bien la normativa vigente asegura formalmente la independencia de los organismos reguladores, con directivos elegidos por concurso meritocrático y mandatos fijos, en la práctica esa autonomía enfrenta una erosión silenciosa y sistemática.
Ausejo distinguió dos columnas de la estabilidad regulatoria. La independencia aísla las decisiones técnicas de la interferencia del poder político y de la captura por parte de la industria. La autonomía, en cambio, dota al regulador de los recursos y la flexibilidad para operar en lo financiero, lo organizacional y lo normativo.
Llamó "espejismo normativo" a la distancia entre ambas: los reguladores se financian con el aporte por regulación que pagan las empresas, pero enfrentan techos presupuestales, restricciones para contratar especialistas y disposiciones que obligan a transferir sus saldos al tesoro público. Advirtió que este debilitamiento no es un asunto abstracto, pues repercute en la calidad del agua, en la conectividad y en el clima de inversión privada.
A continuación intervino Manuel Flores, Coordinador del Programa de Política Regulatoria para América Latina y Economista Senior en Política Regulatoria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El especialista presentó el panorama global desde la OCDE e identificó dos grandes fronteras para la regulación del futuro: el uso intensivo de datos y la regulación basada en riesgo. Señaló que la inteligencia artificial abre oportunidades inéditas para construir perfiles de riesgo de operadores, interconectar bases de datos fragmentadas y tomar decisiones regulatorias con mayor precisión y menor costo.
Flores recordó que el Perú es el país más evaluado con la metodología PAFER, el marco de la OCDE para medir el desempeño de los reguladores económicos, y que los cuatro reguladores incorporaron el análisis de impacto regulatorio antes que el propio gobierno central. Entre las tareas pendientes mencionó la consulta temprana, la evaluación ex post de las normas, la supervisión basada en riesgo y una coordinación más formal con los ministerios. Subrayó, además, que la autonomía debe ser efectiva y no solo existir en la ley, y que a mayor independencia debe corresponder mayor rendición de cuentas.
Los presidentes de los tres organismos compartieron cómo la regulación se traduce en bienestar para los ciudadanos.
Mauro Gutiérrez, presidente ejecutivo de SUNASS, defendió la regulación independiente como condición para que los servicios mejoren más allá de cada gobierno. Advirtió que las funciones de las prestadoras, del Ministerio de Vivienda y del regulador no siempre están claramente delimitadas, lo que lleva a pedirle al regulador tareas, como la cobertura, que corresponden al sector.
Gutiérrez recordó que el agua no tiene sustitutos y que una tarifa muy alta o muy baja pone en riesgo al usuario o la sostenibilidad del servicio. Señaló también su impacto en la salud, la educación y la igualdad de género, y planteó como retos la autonomía, la capacidad de fijar tarifas y sancionar, y la coordinación de alto nivel entre las entidades.
“Yo les pregunto a ustedes, si el agua le subiera 100% pagarían, creo que sí. Si le subirían 200% también pagarían. ¿Por qué? Porque el agua no tiene sustitutos. Ese es un tema crítico. Por tanto, definitivamente si no hay regulación tendríamos un riesgo de tener un precio muy elevado sin necesariamente una mejora de la calidad.”
Verónica Zambrano, Presidenta del Consejo Directivo de OSITRAN, mostró con imágenes de carreteras, puertos y aeropuertos el efecto de supervisar las concesiones. «Detrás de un viaje seguro hay una supervisión constante», afirmó. Explicó que las infraestructuras son «vivas»: requieren inversión, pero sobre todo mantenimiento. Precisó que el mandato de Ositran es cautelar, de manera técnica e imparcial, los intereses de los usuarios, los inversionistas y el Estado.
Subrayó que el regulador acompaña, pero no protagoniza: verifica el cumplimiento de los compromisos de inversión y ofrece reglas claras y predecibles que atraigan nuevos capitales. Citó la experiencia portuaria como una historia de éxito, con inversiones superiores a los 4000 millones de dólares acompañadas de regulación eficiente, y mencionó nuevas necesidades, como el anillo vial periférico de Lima. Cerró con la siguiente idea:
“Y la reflexión ahí es que las necesidades pueden ser nuevas, generar nuevas infraestructuras, pero siempre es importante el acompañamiento de un organismo regulador. Y cuando la regulación funciona, las personas no necesariamente piensan en ella, simplemente viven mejor.”
Jesús Guillén, Presidente Ejecutivo de OSIPTEL, sustentó con evidencia la relación entre regulación e inversión: según estimaciones de la UIT, el ingreso del Perú a la OCDE elevaría la inversión en telecomunicaciones en 36 %. Por ello, afirmó, Osiptel fue de los primeros en someterse a la evaluación PAFER.
Repasó cuatro etapas de valor público desde 1994: la regulación de un monopolio privado, la apertura del mercado con la portabilidad y los cargos de interconexión, el empoderamiento de los usuarios y la etapa actual, centrada en la calidad del servicio. Guillén advirtió que la rentabilidad de las empresas, en un sector íntegramente privado, es condición para sostener la inversión que traerán los cambios tecnológicos de los próximos años.
“El valor público en el caso de las telecomunicaciones en el Perú tiene que ver con la rentabilidad y eso con la sostenibilidad. [...] Aquí el Estado no participa. Entonces un valor público para nosotros y también, por supuesto, un valor privado es la rentabilidad. Sin rentabilidad no hay inversión y si no hay inversión no hay crecimiento.”
El diálogo, moderado por Flavio Ausejo, partió de una pregunta: ¿cómo viven los reguladores su articulación con las políticas públicas? Ausejo recordó que la regulación no va sola: avanza junto con la inversión privada y con las decisiones de política pública.
Mauro Gutiérrez respondió desde la experiencia de Sunass. En los últimos ocho o nueve años, la cobertura de agua no ha cambiado de forma significativa, aunque el país invierte entre 5000 y 6000 millones de soles al año, porque las nuevas obras apenas cubren el crecimiento vegetativo. Precisó que una conexión de agua potable cuesta en promedio entre 50 000 y 60 000 soles y, en algunos casos, más de 100 000, y que buena parte de esa inversión está enterrada, por lo que rara vez se valora.
Verónica Zambrano sostuvo que, en el papel, los reguladores encajan a la perfección con los objetivos del Estado, pero que en la práctica las políticas responden a cada gobierno y no a una visión de Estado. Afirmó que a los gobernantes no les gusta que los titulares de los reguladores sean elegidos por concurso y no por confianza, y que las decisiones técnicas suelen chocar con intereses populistas. Describió el camino como difícil y, a veces, doloroso.
Jesús Guillén habló de un «divorcio» entre las políticas sectoriales y el trabajo del regulador. Explicó que los ministerios persiguen objetivos políticos y los reguladores, objetivos técnicos, y que las opiniones del regulador sobre políticas o contratos no son vinculantes. Cuando los ministerios no las atienden, el regulador termina como «chivo expiatorio» en la supervisión, con el desgaste de tiempo y recursos que eso implica. Como excepción, mencionó la seguridad ciudadana, donde no ha recibido presiones y el regulador aporta datos e inteligencia.
El conversatorio cerró con un llamado explícito a quienes asumirán responsabilidades de gobierno el 28 de julio, incluidos los legisladores electos presentes en la sala. Flores recordó que la OCDE no ha encontrado evidencia de que fusionar o eliminar reguladores mejore su desempeño. El mensaje fue directo: antes de tomar cualquier decisión sobre los organismos reguladores, pregunten, investiguen y entiendan por qué existen.
🌐 Así se vivió el conversatorio “Regulación y sostenibilidad en el Perú: desafíos para fortalecer la institucionalidad”.
🎙️Reunimos las principales reflexiones compartidas durante el conversatorio.
💡Estos son 4 puntos fundamentales para entender los desafíos de la regulación en nuestro país, a partir de las reflexiones del conversatorio "Regulación y sostenibilidad en el Perú: desafíos para fortalecer la institucionalidad".
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